NACIONES UNIDAS, 4 jul (NNN-UNIS) -- Al presentar su más reciente informe sobre Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que el trabajo de sus oficinas es más necesario que nunca para prevenir la violencia, y señaló que ya se observa el impacto del cierre de tres de ellas, entre ellas las de Medellín, Neiva y Villavicencio, debido a la reducción de recursos financieros.
Colombia atraviesa un momento marcado por la violencia,la presencia de grupos armados ilegales y el riesgo que enfrentan defensores de derechos humanos y líderes sociales, indicó el jueves la Oficina del Alto Comisionado de la ONU al presentar su informe sobre la situación de esos derechos en el país.
En ese contexto, el acompañamiento de la Oficina resulta crucial; sin embargo,la crisis financiera obligará al cierre de tres oficinas, limitando su capacidad operativa en zonas clave.
Durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la directora de la División de Operaciones Globales explicó que la dependencia ha desarrollado labores de cooperación técnica y apoyo estratégico,pero agregó que desde julio de 2023 su capacidad se ha visto afectada por la escasez de recursos provenientes del presupuesto ordinario de la ONU.
“Además,en 2025 se han registrado la finalización o significativa reducción de contribuciones de algunos donantes. Como consecuencia,en los próximos tres meses cerraremos tres oficinas -Medellín,Neiva y Villavicencio-, que cubren ocho departamentos,y tendremos que prescindir de casi la mitad del personal (46 profesionales)”, precisó Maarit Kohonen Sheriff.
Esta reducción ocurre “justo cuando la contribución de la Oficina a la prevención de la violencia es más necesaria que nunca”, aseguró.
Aunque el anuncio fue hecho apenas la semana pasada,ya se percibe el impacto negativo en las comunidades colombianas,dijo la funcionaria,destacando la angustia de personas que incluso lloraron al conocer la medida.
Entre los efectos negativos, Kohonen Sheriff mencionó la disminución de protección en zonas donde actúan grupos armados no estatales,lo cual pone en mayor riesgo a defensores de derechos humanos.
También señaló la limitación del apoyo técnico a la Policía para evitar el uso excesivo de la fuerza, y otras acciones preventivas.
El informe plantea al gobierno colombiano una serie de recomendaciones,entre ellas la urgencia de garantizar el financiamiento necesario para mantener el trabajo de la Oficina, subrayando su relevancia en procesos clave para la paz y los derechos humanos.
La funcionaria también dirigió un llamado a la comunidad internacional: “Reiteramos nuestro pedido a los donantes internacionales para que garanticen el apoyo necesario a la Oficina del Alto Comisionado con el fin de continuar desempeñando su papel único y fundamental en Colombia, especialmente en este momento de restricciones económicas”, recalcó.
Por otro lado, el informe reafirma el compromiso de la ONU con Colombia e insta a fortalecer el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, firmado en 2016.
Se propone reforzar la estructura institucional encargada de aplicar dicho acuerdo, especialmente en materia de garantías de no repetición.
También destaca la necesidad de diseñar políticas de seguridad diferenciadas, con enfoques territoriales,étnicos y de género, para debilitar y desmantelar organizaciones criminales activas en varias regiones.
Otra recomendación importante está dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz,a la que se insta a incorporar proyectos restaurativos en sus sentencias,que respondan no solo a los daños causados, sino también a las propuestas de las víctimas.
La Oficina también destacó la urgencia de reformar el sistema de protección para defensores de derechos humanos y recomendó la participación activa de la sociedad civil en el diseño de dicha reforma.
Otra prioridad identificada es la necesidad de una transformación profunda de la Policía Nacional y la legislación sobre inteligencia,alineándolas con los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se resalta la importancia de acelerar la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad surgida del Acuerdo de Paz, como herramienta clave para clarificar hechos del conflicto, promover la reconciliación y construir una paz duradera.
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado reiteró su disposición de seguir trabajando junto a las instituciones colombianas.
Mediante su presencia en el país,ofrece asesoría técnica y metodológica para fortalecer la justicia transicional,garantizar la reparación integral a las víctimas y consolidar una cultura de paz.
En un momento en que persisten amenazas a la estabilidad en diversas zonas de Colombia,el llamado de la ONU busca mantener el enfoque en la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental para lograr una paz sostenible.
-- NNN-UNIS
